La Inquisición

El largo reinado del terror

Nace la Inquisición

El terror daría comienzo con Gregorio IX, que ascendió al solio pontificio en el año 1227. Conde de Segni, miembro de los Conti, pariente de Inocencio III, tenía en aquel momento más de ochenta años.

Dos años más tarde, en el Concilio de Tolosa, Languedoc, Gregorio decretó que los herejes debían ser entregados al brazo secular para ser castigados. «Es deber de todo católico —dijo— perseguir a los herejes.»

El emperador Federico, un descreído, se convirtió en un feroz abogado de la ortodoxia para complacer al papa. Gregorio aprobó toda su legislación antiherética, añadiendo algunos retoques crueles de su propia cosecha. En el año 1232 dio un paso decisivo.

Publicó una bula creando la Inquisición. Los obispos dudaban demasiado y, de cualquier modo, carecían de tiempo y de capacidad para desempeñar correctamente la misión. Los herejes, es decir, los que se oponían a cualquier enunciado pontificio, debían ser entregados a las autoridades civiles para ser condenados a la hoguera. Si se arrepentían, debían ser encarcelados de por vida. Ningún papa alzó la antorcha del terror con mayor entusiasmo.

En abril de 1233, limitó el cargo de inquisidor a los miembros de las órdenes mendicantes; pronto, los dominicos tuvieron el control de dicho privilegio. El 27 de julio de 1233 fue un día señalado para el pontífice; se nombraron los dos primeros inquisidores dedicados en exclusiva a este oficio: Pedro Seila y Guillermo Arnald. Serían los primeros de una larga lista de apacibles y serenos perseguidores de la raza humana. Como prolegómeno, en 1239, dos años antes de morir Gregorio, el dominico Robert le Bougre se trasladó a Champagne para investigar a un obispo llamado Moranis. Se le acusaba de permitir la existencia de herejes en la diócesis. En el transcurso de una semana, el padre Robert sometió toda la ciudad a juicio. El 29 de mayo envió ciento ochenta personas, incluido el obispo, a la hoguera.

Era el regreso a la barbarie. Ya en el año 384, un sínodo celebrado en Roma denunciaba el uso de la tortura, y Gregorio Magno, en el siglo VI, ordenó a los jueces que desestimaran el testimonio conseguido por compulsión. Incluso durante la época más oscura, Nicolás I ya había
condenado la tortura como una violación de la ley divina.

De todas formas, desde Gregorio VII, el fanatismo había trepado hasta el papado. Dado que el papa no puede equivocarse, debe ser obedecido ciegamente en todo, sea lo que fuere. Entre 1200 y 1500 una serie de normativas papales eliminaron toda sombra de distinción entre creencia y disciplina. La contribución de Inocencio IV con su bula Ad extirpanda fue autorizar el empleo de la tortura a la Inquisición. A partir de este momento, cualquier desobediencia incluso de pensamiento era susceptible de castigo. Los pensamientos perniciosos amenazaban la unidad de la Iglesia edificada sobre la fidelidad al vicario de Cristo.

La historia desmiente el punto de vista de que la Iglesia católica siempre ha sido la defensora de los derechos del hombre. En el siglo XIII, fue tan lejos como para sustentar lo que la primitiva Iglesia había condenado: los herejes carecen de derechos. Puede torturarse sin escrúpulos. Como los traidores al Estado, los herejes se han colocado al margen de la ley. Han de ser condenados a muerte.

Durante más de tres siglos ningún papa se opondría a esta normativa; en consecuencia, pasaría a convertirse en parte invariable de la doctrina católica. Fundamentándose en ello, la Inquisición alcanzaría un poder sin precedentes. La secuela fue una gigantesca intimidación para todos aquellos que carecían de protección contra las acusaciones o las más pequeñas sospechas de herejía.

Todo está permitido

A la Inquisición medieval todo le estaba permitido. Los inquisidores dominicos, desde el momento que eran funcionarios nombrados por el papa, no tenían otra autoridad que Dios y el pontífice. Se hallaban fuera de la jurisdicción episcopal y civil. En los Estados Pontificios, personificaban la ley, actuando como fiscales y jueces. Su norma era: «Mejor que mueran cien personas inocentes que un solo hereje quede en libertad».

Juzgaban arbitrariamente y en completo secreto. Cualquiera de los presentes en los interrogatorios —víctima, escribanos, oficiales— que quebrantasen el silencio incurría en censura que solamente el papa podían condonar. Los inquisidores, como el pontífice, no podían equivocarse ni hacer nada reprensible.

Por mandato pontificio, tenían explícitamente prohibido apiadarse de sus víctimas. La piedad no era cristiana cuando concernía a la herejía. Se les dijo que Su Santidad asumiría toda la responsabilidad si se excedían. Como las SS nazis del siglo XX, estaban autorizados a torturar y destruir impunemente, ya que la superioridad —en este caso, el pontífice— les había enseñado que los herejes eran un adversario sucio, enfermo y contagioso que debía ser purgado a cualquier costa y por todos los medios.

Se empezó la tortura de forma indiscriminada. Hace tan sólo cien años, en el Palacio de la Inquisición se podía consultar el Libro Negro, o Libro Nero, para guía de los inquisidores. Este manuscrito de formato infolio contenía las acusaciones del gran inquisidor. He aquí parte de lo que decía:

Tanto si la persona confiesa y se prueba su culpabilidad como si no confiesa, pero es igualmente culpable por la evidencia de los testimonios. Si la persona confiesa la totalidad de lo que se le acusa, es incuestionable su total culpabilidad; pero, si sólo confiesa una parte, debe seguir considerándosela como culpable de la totalidad, desde el momento en que, por lo que ha confesado, viene a demostrar que es capaz de ser culpable con respecto a los otros puntos de que se le acusa... La tortura física nunca demostró ser la más idónea ni un medio eficiente para conseguir el arrepentimiento espiritual. Por lo tanto, la elección del tipo de tortura más conveniente se deja a discreción del juez de la Inquisición, quien determinará según la edad, sexo y constitución del demandado... Si, pese a todos los medios empleados, el desventurado miserable sigue negando su culpabilidad, debe ser considerado víctima diabólica; y, como tal, no merece compasión de los siervos de Dios, ni piedad ni indulgencia de la santa madre Iglesia; es un hijo de la perdición. Que perezca entre los que están condenados.

Resultaría difícil encontrar otro documento más contrario a los principios del Derecho Natural. Según el Libro Negro, un niño tiene que delatar a sus progenitores, una madre debe traicionar a su hijo. No hacerlo es «pecar contra el Santo Oficio» y merece excomunión, es decir, quedar excluido de los santos sacramentos; de no haber enmienda, se le excluye de la salvación.

En la aplicación de la tortura, los inquisidores medievales tenían prohibido mutilar o matar. Naturalmente, ocurrían accidentes. A menudo se rompían piernas y brazos, los dedos de la mano y del pie resultaban cercenados. Una víctima perdió dos de sus dedos; no fue motivo suficiente para interrumpir la investigación.

La norma, como se especificaba en un decreto papal, era: debe usarse la tortura una sola vez. Puesto que no se determinaba el tiempo límite, nadie sabía qué debía entenderse por «una sola vez». La víctima que no confesaba se la dejaba unos cuantos días hasta que se recuperaba, física y moralmente. Se la mantenía aislada, maniatada en la gélida oscuridad entre su propia miseria, nutrida con menguadas porciones de pan y agua, de tal modo que pudiera considerarse, sin temor a equivocarse, que la tortura no se había interrumpido.

Un aspecto destacado de la Inquisición medieval era que el testigo podía ser sometido a tortura. Los testigos menores de catorce años y las niñas menores de doce estaban exentos.

Cualquiera que rehusara dar testimonio, cualquiera que dejara de testimoniar era considerado con predisposiciones heréticas. Se dieron casos de torturar una familia entera para que se incriminase a uno de ellos.

Un rasgo macabro del tribunal fue que incluso llevó a juicio a los muertos. El VI Concilio General, en el año 680, declararía que la Iglesia no podía anatematizar a los herejes, vivos y muertos. Como ya vimos, el papa Formoso fue desenterrado y excomulgado dos veces. Inauguró un estilo. Los inquisidores desenterraron cadáveres y los encausaron. Si no podían hallar los cadáveres que buscaban, los enjuiciaban en efigie. Una vez sentenciado al fallecido, se prendía fuego a una gran pira de osamentas. Centenares de muertos fueron sometidos a juicio bajo estos criterios. Algunos habían fallecido hacía treinta o cuarenta años; uno de ellos había sido enterrado hacía setenta y cinco años.

Con ello demostraba que nadie debía subestimar la prontitud eclesiástica en perseguir a los herejes hasta la muerte y, si fuera necesario, más allá. Esta práctica también permitía a los inquisidores adquirir los bienes y efectos de los difuntos. Cuando un cadáver era condenado, se confiscaba el patrimonio que le había pertenecido. Los herederos perdían su herencia. A menudo un vástago católico inocente se encontraba, tras la condena póstuma de su padre, desposeído no solamente de sus propiedades, sino también de sus derechos civiles. Podía considerarse afortunado si salvaba su vida gracias a la clemencia papal.

Los inquisidores eran remunerados con el producto de las confiscaciones. Por ello, los ricos les temían, incluso más que los pobres. Había varios métodos para dividir el patrimonio confiscado, si bien, cuando los emolumentos de los escribanos y oficiales de los tribunales habían sido satisfechos, generalmente la mitad de lo restante se destinaba a la tesorería del pontífice y la otra mitad a los inquisidores. Algún papa, como Nicolás III (1277-1280), amasó una fortuna.

Los inquisidores más temibles eran los incorruptibles; torturaban pura y simplemente por amor a Dios. Carecían de intereses financieros: como ocurrió con Himmier y Heydrich siglos más tarde, actuaban únicamente en beneficio de la causa. El ascetismo genuino de la mayoría de estos devotos dominicos temerosos de Dios les convertían en patológicamente rigurosos. Habituados a la mortificación personal, manifestaban un deseo espiritual de infligir dolor a los demás. El griterío de sus víctimas venía a ser una especie de música teológica para sus oídos, una prueba de que Satanás estaba recibiendo su merecido. Con satisfacción infantil, también aceptaban la benevolencia del papa hacia ellos; les concedía las mismas indulgencias que otorgaba a los caballeros que se alistaban en las cruzadas.

Los inquisidores nunca perdieron una sola causa. No se registraron casos de absolución. Cuando, excepcionalmente, la causa era sobreseída por falta de pruebas, nadie era declarado inocente. Si el acusado no había sido hallado culpable de herejía, poco importaba. De todos modos, los inquisidores estaban convencidos de que sólo una entre cada cien mil almas escaparía a la condenación eterna.

Las víctimas

La ordalía kafkiana de las víctimas solía comenzar por la noche con un golpe en la puerta. El cabeza de familia de Francia, Italia o Alemania, se levantaba de su cama para encontrarse en la puerta con el jefe de policía, guardias armados y un dominico. Desde aquel momento, no le cabía esperanza alguna.

Conducido a la Casa Santa, era acusado de herejía. Su culpabilidad se daba por demostrada; aunque era norma general no decirle cuáles eran los cargos y le estaba prohibido preguntarlo. En ningún momento se le permitía hacer preguntas. Pronto caería en la cuenta de que cualquier simulacro de justicia le sería denegado.

A solas y desvalido, le negaban todo asesoramiento reconocido por la ley. Al no haber absoluciones, un abogado poco diestro corría el riesgo de ser tachado de hereje él mismo. También él podía ser excomulgado y enviado al brazo secular.

No estaban autorizados los testimonios de descargo. Los testigos de cargo —cuyas identidades se guardaban secretas para el prisionero— recibían el mismo trato. Entre ellos podía haber los servidores del acusado a los que hubiera despedido por latrocinio o incompetencia. También podían actuar como testimonios individuos recusados en juicios civiles: reos de perjurio, excomulgados, herejes. Algún testimonio no era otra cosa que un mero rumor o una habladuría mal intencionada. Desequilibrados, pervertidos, neuróticos, los que tuviesen algún resentimiento o alguna vindicación pendiente eran aceptables. Lo más infausto de todo era que, a menudo, los testigos eran miembros de la propia familia del acusado; se les decía que, aunque el acusado ya no tuviera esperanzas de salvarse, una completa sinceridad aliviaría la suerte del resto de la familia.

No se permitía apelar contra la sentencia. ¿Qué otro tribunal de mayor instancia podría existir si no era aquel que ejercía sus funciones en nombre del papa?

A la catolicidad de los testimonios correspondía una catolicidad de las acusaciones. La herejía era un concepto fluido. La más leve oposición al sistema papal era considerada «contra la fe».

Los pronunciamientos de los pontífices medievales crearon este clima opresivo. Se iniciaría con la expresión de Gregorio VII de que «el papa no puede equivocarse». Pascual II (1073-1085), citando una pseudocarta de san Ambrosio, dijo: «Cualquiera que esté en desacuerdo con la Santa Sede, sin duda alguna es un hereje». Lucio III (1181-1185) decidió que todas las discrepancias entre católicos habían de considerarse grave pecado, puesto que rechazan la autoridad del papa en la que se fundamenta todo el sistema. Inocencio III (1198-1216) manifestó que aquellos que se limitaban literalmente a la palabra de Jesús, ciñendo sus argumentaciones a un «sí» y un «no», son herejes y merecedores de muerte. Inocencio IV (1243-1254), a modo de culminación de este apoteosis, se describiría como «praesentia corporalis Christi», supuestamente mediante una suerte de transustanciación en el momento de su elección. Por supuesto, cualquiera que mostrase desacato a él o a sus decretos era hereje. Bonifacio VIII (1294-1303), que no sería superado, definió como doctrina católica que «todo ser humano debe hacer lo que el papa le diga».

Armados con este concepto elástico sobre lo que contradecía la fe, los inquisidores arrestaban las personas por comer carne los viernes, omitiendo sus deberes de abstinencia, por leer la Biblia, por decir que era pecado la persecución por cuestiones de conciencia, por hablar mal del clero (sacerdotes u obispos). Cualquier insinuación contra Su Santidad, incluso pronunciada por alguien que estuviese ebrio, era una ofensa que implicaba el procesamiento. Cualquier desviación de la vida comunitaria se consideraba prueba de herejía merecedora de muerte. Resultaba evidente que el objetivo de la Inquisición no era defender a la fe, sino el sistema papal. Tal como afirmó una de las víctimas de la Inquisición: «Es menos arriesgado discutir el poder de Dios que el poder del papa».

Otros cargos considerados como heréticos eran el sacrilegio, la blasfemia, la brujería, la sodomía, el impago de las contribuciones al papa y al clero, objetar que la usura no era pecado. Cualquier bautizado que no hiciera fuego en un frío sábado era sospechoso de judío encubierto y merecía la muerte en la hoguera.

Injusticia postrera era ser acusado de pensar heréticamente. Para la Inquisición, la ortodoxia no se circunscribía a hablar y actuar ortodoxamente; requería pensar como el pontífice desearía que pensase una persona. Si bajo tortura un detenido demostraba que nunca había dicho o hecho nada herético, podía ser castigado por sus más íntimos pensamientos, sus dudas, sus tentaciones.

El proceso

Tan pronto como los inquisidores llegaban a una ciudad, se personaban ante las autoridades civiles para presentar sus credenciales. En nombre del papa, indicaban al gobernador que debía cooperar con ellos, aceptar su veredicto respecto a los acusados y ejecutar la sentencia.

Se indicaba al clero local que reuniese a sus feligreses en la iglesia donde los inquisidores predicaban contra la herejía. A los aterrorizados feligreses se les concedía un período de gracia —una semana o más—para que se descubrieran y se acusasen de sus propios crímenes. Podría tratarse de herejía o de asociación con la herejía, o podían haber caído en ella padres o hijos mal orientados. Si confesaban voluntariamente, se les condenaba a una leve penitencia canónica. Tras el sermón, los dominicos se retiraban a sus alojamientos y esperaban. A veces no acudía nadie; otras, como en Tolón en 1245-1246, se contabilizaron de ocho a diez mil confesiones. Se recurría a notarios suplementarios para que colaborasen en la tarea. A menudo, diversos informadores acudían a entrevistarse con los dominicos escondidos por las sombras de la noche. El anonimato garantizado en nombre del papa daba pie para que cualquier mojigato o bellaco pudiese mentir cuanto quisiera con plena libertad.

El tribunal estaba formado por uno o dos inquisidores, dos o más testigos y miembros del personal inquisitorial. Todos ellos se ocultaban con una caperuza.

La frase más repetida en boca del juez era: «Di la verdad». Cada vez que el prisionero solicitaba una aclaración, el inquisidor replicaba fría y tranquilamente: «Di la verdad».

Cuando resultaba evidente que el acusado no iba a confesar espontáneamente, era conducido a la mazmorra donde el torturador ya tenía los instrumentos preparados. La sentencia de herejía era leída bajo un crucifijo. Después, el verdugo desnudaba al prisionero y le ataba al caballete. «Di la verdad, por el amor de Dios —clamaba el inquisidor ritualmente—, pues los inquisidores no desean verte sufrir.»

Con todas las partes del cuerpo al descubierto, se procedía a atar brazos y muslos. Se colocaba una correa alrededor del torso; se pasaban unas cuerdas por encima de los hombros de delante hacia atrás. Cada vez que se procedía a apretar dichas cuerdas, el dominico interrumpía la recitación de su rosario en honor de la Virgen para decir: «Di la verdad». Si el prisionero no se amilanaba, se le colocaban estacas bajo las cuerdas para conseguir el efecto del garrote. Era como crear un torniquete sobre varios miembros del cuerpo a la vez. A menudo se usaba el strappato. Se colocaba la víctima en una polea, izándola del suelo hasta alcanzar casi el techo. Existía una tortura que era peor que las restantes.

El tormento del agua

Un caso benigno de este suplicio fue descrito en detalle por Henry Charles Lea en su aún no superado cuarto volumen de History of the Inquisition in Spain (1907).

En 1568, Elvira del Campo fue requerida por el Tribunal de Toledo. Una mujer joven, embarazada cuando fue arrestada en julio del año anterior. Su hijo nacería en la prisión a finales de agosto y jamás se supo qué le ocurrió. Se la acusaba de no comer cerdo y de cambiarse la ropa interior los sábados. Se sospechaba que era una criptojudía.

Elvira era cristiana casada con un cristiano. Su padre también era cristiano, aunque su madre tuviese ascendencia hebrea. Cuando Elvira tuvo once años, su madre empezó a inculcarle la aversión hacia la carne de cerdo; posteriormente, cuando intentó comerla, se sintió indispuesta. Su madre también la indujo a cambiarse de ropa interior todos los sábados. Para esta joven, nada de todo ello tenía significado religioso.

Dos trabajadores que se alojaban en su casa informaron a la Inquisición acerca de sus «costumbres judías». Probablemente, no hubo malicia en ello. Temían ser automáticamente excomulgados si dejaban de informar sobre un comportamiento sospechoso. Incluso ganaron tres años de indulgencias por facilitar tal informe. Los testimonios coincidieron en que Elvira era caritativa y frecuentaba normalmente la iglesia y los sacramentos.

Su proceso se inició oficialmente el 6 de abril. Se enfrentó a dos dominicos y un vicario del obispado. Se la advirtió que sería sometida a tormento a menos que expusiera toda la verdad. Ella insistió en no saber de qué se trataba. Cayendo de rodillas, rogó que le indicasen qué querían que dijese, pues con gusto lo haría. Los inquisidores repitieron que ella ya sabía el mal que había hecho. «Di la verdad.»

Clamando por su inocencia, fue llevada a la cámara de tormentos y desnudada. Le entregaron unos zaragüelles o paños de vergüenza, menguado taparrabos para que cubriera su pudor.

«Señores —clamó—, cumplí con todo lo que dije sobre mí y he demostrado los falsos testimonios proferidos contra mí.»

No convenció a los jueces. «Di la verdad.»

La ataron de brazos, las cuerdas le oprimieron dolorosamente.

«Hice todo lo que han dicho», declaró Elvira.

«Queremos los detalles.»

«No comí carne de cerdo porque me ponía enferma, señores. Es cuanto he hecho; suéltenme, y diré la verdad... Díganme solamente lo que he de decir.»

Apretaron las cuerdas hasta que chilló que le estaban quebrando los brazos. A la sexta vuelta, las cuerdas se partieron. A una señal del inquisidor, el verdugo la transfirió al potro, un caballete con un agudo travesaño de silla a modo de escalón. Dicho caballete se inclinaba de tal modo que su cabeza se encontraba más baja que sus pies. Mientras la fijaban en esa posición, le apretaron los garrotes de sus brazos.

«Señores —rogó ella—, recuérdenme lo que no sé... Me están arrancando el alma.»

«Di la verdad.»

«Transgredí la ley», exclamó Elvira con desesperación.

«¿Qué ley?»

«Lo ignoro, señor. Dígamelo usted.»

A otra señal, el verdugo abrió la boca de la prisionera con un bostezo, una horquilla de hierro. Le introdujo una toca, un trozo de lino, en la garganta. «Sáquenmelo —gritó—. Me estoy asfixiando y siento náuseas.»

Lentamente, el verdugo vertió agua con una jarra sobre la toca, provocando que ésta se escurriera por la garganta. A algunas de las víctimas se les administraba hasta seis u ocho jarras y acababan asfixiándose. Elvira trató de decir que se estaba muriendo. Cuando le extrajeron la toca, guardó silencio, bien porque no tuviese nada que decir, bien porque era incapaz de decir nada. Se suspendió el tormento durante cuatro días.

Para entonces, Elvira tenía todos sus miembros envarados. A solas en su confinamiento, pensando en lo que le esperaba en la próxima sesión, el terror fue creciendo. Cuando retornó a la cámara de tormento perdió toda presencia de ánimo, rogando poder cubrir su desnudez. A partir de ese momento, se expresó casi siempre de forma incoherente.

Al final, los inquisidores lograron sonsacarle que su rechazo a comer cerdo y el cambiarse de ropa los sábados probaban su judaísmo. Una vez que se dio cuenta de lo que se le pedía, fue agraciada con admitir su apostasía y solicitar el perdón.

Uno de los jueces pidió que fuera quemada. Ésta era la última pena. Los clérigos estaban autorizados a aplicar esta pena por cuanto habían descartado la espada, teniendo en cuenta la proscripción bíblica acerca del derramamiento de sangre. Los prisioneros que se arrepentían sufrían la confiscación de sus posesiones y eran encarcelados. Si la condena era de por vida en las mazmorras de la Inquisición, generalmente quedaba abreviada dadas las condiciones del lugar. A veces, el encarcelamiento era de una duración específica. La pena mínima la constituía la «cruz de la infamia». Se cosían dos cruces de fieltro amarillo delante y en la espalda de toda vestimenta que llevase el acusado. Ello garantizaba que fuesen tratados como parias.

Elvira no fue quemada. La mayoría de los jueces se inclinaron por la lenidad. Había pasado más de un año de cautiverio. Se le confiscó su propiedad; se le ordenó llevar la ropa de la vergüenza; fue sentenciada a cumplir tres años más de cárcel. Por alguna razón, acaso por trastorno mental, fue liberada al cabo de seis meses. El caso fue cerrado.

Elvira del Campo se erige como un ejemplo entre miles de víctimas. Cristiana devota, fue encarcelada y atormentada cruelmente por los representantes del papa en nombre de éste. Su único crimen fue practicar lo que Jesús practicó durante toda su existencia.

La Inquisición española

La Inquisición en cuyas manos Elvira sufrió tormento fue autorizada en España por Sixto VI, en el año 1480. Cuando Isabel y Fernando triunfaron sobre los moros, muchos de éstos y los judíos, para eludir el castigo, se convirtieron al cristianismo. Los soberanos temieron que no fuesen verdaderos cristianos y constituyeran una amenaza para el Estado. Por ello solicitaron al pontífice la autorización para implantar la Inquisición en sus territorios. El más conspicuo de todos los grandes inquisidores fue el dominico fray Tomás de Torquemada. Nombrado en 1483, dirigió tiránicamente la institución durante quince años. Sus víctimas se cifran en más de 114.000, de las cuales 10.220 terminaron en la hoguera. Muchos otros fueron sentenciados a cadena perpetua.

Prior del convento de Santa Cruz en Segovia, Torquemada, confesor de la reina Isabel, vivió una vida en olor de santidad. Ayunaba con frecuencia, jamás comía carne y renunció a la lucrativa sede de Sevilla. Vivía en un palacio con doscientos cincuenta sirvientes y mantenía cincuenta palafreneros. Probablemente, éstos eran su guardia personal; los necesitaba.

No era un sádico. Quemó a miles de personas aunque raramente contemplase su sufrimiento. Posiblemente, se tratase de un odium estrictamente teológico; actuaba por un total amor a Dios y en devoción al pontífice. En cierta ocasión en que sospechó que Fernando e Isabel permitirían a algunos judíos quedarse en el reino por un determinado precio, se personó airadamente ante su presencia blandiendo un crucifijo. «Judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata —rugió—. ¿Vais a venderle por más?»

Lo curioso era que, de haber vivido este flagelo de judíos en el siglo XX, los nazis le hubieran metido en una cámara de gas. Fray Tomás de Torquemada era nieto de una judía.

Llórente, secretario de la Inquisición en Madrid de 1790 a 1792, calcula, en su Historia de la Inquisición, que hasta su época fueron condenados a muerte en España unas treinta mil personas. Durante el reinado de Felipe II, esposo de María la Sanguinaria, se estimó que las víctimas de la Inquisición superaron en muchos miles a todos los cristianos que padecieron bajo los emperadores romanos.

Algunos historiadores católicos, como De Maistre, han insinuado que la Inquisición española era simplemente una institución política. Ello se fundamenta en que los papas nunca estuvieron plenamente satisfechos con ella. Pero la razón principal fue porque deseaban fiscalizarla por completo, sin lo cual los ingresos disminuían. Por ello, tal como Pastor observa en su History of the Popes, fue «una institución mixta aunque primordialmente eclesiástica». Los condenados eran entregados al brazo secular; esto no hubiera sido necesario de haber sido la Inquisición un tribunal eclesiástico. En los grandes autos de fe, el inquisidor se situaba en un trono más elevado que el del monarca. Estos autos de fe causaban gran regocijo a los españoles. Carlos Lewis, barón de Pollnitz, en sus memorias publicadas en 1738, nos proporciona un interesante testimonio acerca de estos autos.

Lewis había sido un alto funcionario de la corte del rey de Prusia. Calvinista, se había convertido al catolicismo, lo que redundó en la pérdida de su posición. Con buenas relaciones, trató de distraerse efectuando una vuelta al mundo que le permitió llevar un detallado diario.

Durante una Pascua se encontró en Madrid en pleno auto de fe. Fue testigo de cómo varios «confesos de judaísmo» terminaron en la hoguera. Entre ellos había una muchacha de dieciocho a veinte años. En todos sus viajes no había visto muchacha más hermosa. «Fue al patíbulo —escribe— con la alegría impresa en sus facciones, muriendo con el valor que atribuimos a nuestros propios mártires.»

Más adelante, durante su visita, fueron detenidas cuarenta personas en una sola noche, entre ellas un famoso cirujano llamado Peralta a quien Lewis había conocido. Al parecer, su sino era morir a manos de la Inquisición. Su madre lo había parido en la prisión e inmediatamente después fue quemada por ser judía. Al cumplir treinta años de edad, fue acusado de practicar en secreto la religión de su madre. Fue encarcelado durante tres años. Ya en libertad, fue detenido por segunda vez. Después de dejar Madrid, Lewis oyó decir que Peralta había sido quemado. Fue como si la oración de su madre hubiera sido atendida. Por lo visto, estando en la pira funeraria había rogado a Dios que un día su hijo muriese de su misma muerte.

Lewis concluye así: «Me alegré de no encontrarme en Madrid cuando le ejecución de Peralta, ya que le conocía un poco, pues, aunque fuese un genuino puritano en lo que cabe entre el judaísmo, le tenía conceptuado como el hombre más comedido del mundo».

Cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco de su ejército, el coronel Lemanouski, le informó que los dominicos se habían encerrado en su monasterio de Madrid. Cuando los hombres de Lemanouski forzaron la entrada, los inquisidores negaron que hubiese una sala de tortura. Los soldados registraron el monasterio y la descubrieron en los sótanos. El local estaba lleno de cautivos, todos desnudos, muchos, locos. Las tropas francesas, acostumbradas a la crueldad y la sangre, no soportaron el espectáculo. Vaciaron el local, llevaron pólvora al monasterio y lo hicieron saltar por los aires.

La Inquisición romana

La Inquisición romana, distinta de la medieval que se había desarrollado durante siglos, fue creada por Pablo III el 21 de julio de 1542. Fue la primera de las Sagradas Congregaciones de los Estados Pontificios. La componían varios cardenales, uno de los cuales había soñado con la idea; se trataba del volcánico Juan Pedro Carafa, más tarde Pablo IV. En calidad de uno de los inquisidores generales, estaba autorizado a encarcelar a todo sospechoso de herejía, confiscar sus bienes y ejecutar a los culpables.

A sus expensas, adquirió de inmediato una casa y la equipó con instrumentos de tortura. «Ningún hombre —decía— se rebajaría tolerando a los herejes.» Otra de sus frases era: «Si mi padre fuera hereje, yo mismo apilaría la leña para quemarle».

Elegido en mayo de 1555, nadie ni nada le impidió desplegar su estigma de fanatismo. Asceta como Torquemada, odiaba a los judíos y los encerró en guetos, odiaba a los sodomitas y los envió a la hoguera, odiaba a las mujeres y prohibió que ensuciaran las entradas del Vaticano. Ranke dijo de él que, al final de su larga vida, «vivía y se movía en sus reformas y en sus inquisiciones, promulgaba leyes, encarcelaba, excomulgaba y mantenía sus autos de fe; estas ocupaciones llenaban su existencia».

Una de las actividades más apasionadas de Pablo IV era ahogar la libertad de pensamiento. Como cardenal quemó todos los libros que consideró perniciosos. En 1559, una vez papa, introdujo el Índice de Libros Prohibidos. En sus listas figuraban todas las obras de Erasmo, Rabelais, incluso los Siete Sacramentos de Enrique VIII, que había sido aceptada por León X en pleno consistorio como si fuera una obra descendida del cielo. También fue proscrito El Decamerón de Boccaccio, tan estimado por Chaucer, «hasta que fuese expurgado». Era como decir que un libro sobre la miel no podía publicarse hasta que toda referencia acerca de las abejas fuera eliminada.

La campaña para suprimir la libertad de pensamiento empezó a tener dificultades después de 1540, cuando las nuevas imprentas permitieron la expansión de las publicaciones. La impresión fue la mayor ayuda para la democratización del mundo como nunca se había visto hasta ese momento. El papado fracasó en aquel momento, y después, en su intento para pactar con los impresores.

Incluso la cuestión de la censura tuvo su lado cómico. Para empezar, Pablo IV hizo la heroicidad de incluirse en el Índice. Es una historia singular.

Unos cuantos años antes, Pablo III había nombrado a media docena de cardenales, encabezados por Carafa, para que investigaran a todo aquel que hubiese atacado la ortodoxia, la fe y la moral. «Los culpables y sospechosos —declaró Pablo— deben ser encarcelados y procesados hasta la sentencia final [muerte].» Carafa cumplió la indicación al pie de la letra. No molestó para nada al papa, cuando era el primer candidato a ser investigado, dado sus amantes, sus hijos ilegítimos, los capelos cardenalicios dispensados a su nieto y sus dos sobrinos de catorce y dieciséis años.

En el Consilium final, o Dictamen, entregado al papa Pablo, se exponía claramente la crítica respecto al absolutismo pontificio, la simonía, los abusos en el otorgamiento de obispados a candidatos indignos y muchas otras cosas. Desdichadamente para el Vaticano, hubo una filtración y este documento salió a la luz. Los protestantes lo leyeron con placer, confirmando todo lo que habían dicho siempre sobre el papado.

Cuando Carafa se convirtió en papa, no tuvo otra elección que incluir este Consilium que él había redactado en el índice.

Otra pizca de humor involuntario está relacionada con El Decamerón. Cosme de Mediéis, fundador de su monarquía familiar, indicó que dicha obra era de un singular clasicismo en lengua italiana y solicitó al pontífice del momento que fuese sacada del Índice. Sucedió lo imposible. Apareció una versión expurgada durante el pontificado de Gregorio XIII, en 1573. Gregorio tenía un hijo, Giovanni Buoncompagni, al que profesaba gran afecto y al que hizo cardenal, y poseía una mentalidad mucho más abierta que Pablo IV. La nueva versión de la obra maestra de Boccaccio se clasificaría sin dificultad como el libro más extravagante y de mayor contenido «pomo» de la historia. Fue prologado por una bula papal; dispuso de dos Imprimatur, uno del Tribunal Supremo de la Inquisición, y otro del inquisidor general de Florencia, y contribuyeron a su edición varios jefes de Estado, incluyendo los reyes de Francia y España.

¿Cómo explicar semejante aceptación? La respuesta se encuentra en el censor, Vicenzo Borghini, que tenía madera de genio. Dejando de lado las tachaduras que dio aquí y allá, saneó todo el libro recurriendo a una artimaña muy sencilla: todo clérigo que Boccaccio presentaba en una situación comprometida fue sustituido por un seglar.

El aspecto menos jocoso del Índice era que en tiempos de Pablo IV hubo tal quema de libros que los editores temieron por su subsistencia. En general, los autores, velando por su vida, dejaron de escribir. La libertad de pensamiento y de expresión dejaron de existir en la Italia pontificia y no volvió a restablecerse nunca más. El efecto en relación a la curia y, a través de la curia, con respecto a la Iglesia católica fue incalculable.

En 1564, el Concilio de Trento elaboró un Índice más comprensivo. Las obras fueron condenadas en función de diez conceptos. Siete años más tarde, en Roma, se crearía una Congregación del índice que durante siglos publicó regularmente nuevas ediciones de los libros prohibidos. Casi todos los clásicos fueron incluidos. De esta manera, la Contrarreforma se orientó mediante una censura con estrechez de miras, restos de la cual puede advertirse todavía en los libros católicos que llevan un Imprimatur. Un libro de un miembro de una orden religiosa puede llevar en su encabezamiento el nombre de cinco censores. Situación que implica la existencia de una enérgica autocensura. Este aparato de represión, tan caro a los regímenes totalitarios, ha causado un grave quebranto al espíritu de investigación independiente de la Iglesia. Explica por qué las contribuciones de pensadores católicos en muchos campos —teología, la Biblia, incluso la ciencia— han quedado tan rezagadas con respecto al resto del mundo científico. Un mustio saber en un clima de temor. Generaciones de estudiantes, humanistas, incluso obispos tuvieron prohibido la lectura de obras elementales por hallarse en el Índice. Las falsedades que contribuyó a crear el sistema papal, como las pseudodecretales isidorianas, los textos apócrifos que embaucaron a Graciano y Tomás de Aquino, estaban protegidas por el Índice, por lo menos hasta 1660, cuando un humanista francés comenzó a decir la verdad acerca de todo ello. Naturalmente, también él fue a parar al Índice. No sería hasta 1789 cuando Pío VI, respondiendo a una investigación de los obispos alemanes, admitió que las decretales eran falsas. Dicho asentimiento llegaba con nueve siglos de retraso. Como escribiera Lea en sus Studies in Church History (1883):

No es poca inconveniencia para una Iglesia infalible el que no pueda honestamente dejar de lado cualquier posición que haya asumido. El haber aceptado como genuinas las falsas decretales y habiéndose basado en ellas para su supremacía temporal universal, cuando se vio obligada a no seguir defendiendo su falsedad tuvo que encontrarse en una postura sorprendentemente falaz. Haber asumido un equívoco, del siglo IX al siglo XVIII, es ya bastante negativo, pero tener que prescindir de los beneficios de semejante error, tan laboriosamente encauzados para el propio provecho, excedía a lo que razonablemente cabía esperar de la naturaleza humana.

J. H. Ignaz von Döllinger era profesor de Historia de la Iglesia en Munich a mediados del siglo XIX. Justo antes del Vaticano I publicó El papa y el concilio, en donde intentó demostrar cuan falsas y exageradas eran las pretensiones pontificias respecto a la infalibilidad. Fue incorporado al índice menos de dos semanas antes de la primera sesión del concilio. Roma siempre encontró más fácil sofocar las discusiones que darles una respuesta.

El Índice fue finalmente suprimido por Pablo VI después de más de cuatro siglos de vigencia. Era el año 1966.

La Inquisición romana siguió sus francamente bárbaras actividades hasta bien entrado el siglo XIX. En el año 1814, tras ser liberado del cautiverio francés, Pío VII restableció la Sagrada Inquisición para los casos de «blasfemia, inmoralidad, actitud irrespetuosa hacia la Iglesia, no participación en sus festividades, omisión del ayuno y, en particular, por abandono de la verdadera fe». En 1829, cualquier persona que en los Estados Pontificios poseyera un libro escrito por un hereje era tratado de herético. Es lo que sostenía Pío VIII, quien decretó que quien oyese una expresión en contra del Santo Oficio y no lo denunciase era tan culpable como el ofensor y debía ser tratado como tal.

Aun así, por esta época se habían facilitado mucho las cosas. La Inquisición había sido suprimida en España en 1813. Tres años más tarde, Pío VIII prohibiría el uso de la tortura en los tribunales de la Inquisición, si bien su existencia se alargó durante veinte años más. Con casi seis siglos de demora. Su Santidad, «maestro de los valores morales absolutos», había visto la luz.

Aunque las hogueras eran entonces ilegales, Pío IX, por un edicto fechado en 1856, todavía permitía «excomuniones, confiscaciones, destierros, encarcelamientos a perpetuidad y también secretas ejecuciones en casos nefandos». La Inquisición no cesó de excomulgar a niños y niñas que no denunciaron a sus padres por ingerir carne o leche en días de abstinencia o por leer libros incluidos en el índice. En los Estados Pontificios estos crímenes eran merecedores de prisión.

Hasta 1870, los reos políticos eran juzgados por un tribunal especial, la Santa Consulta. Solamente sacerdotes actuaban de jueces y su poder era absoluto. En la mejor tradición de la Inquisición, los acusados jamás se enfrentaban a los testigos y tampoco les estaba permitido disponer de un abogado defensor. Cada vez que uno de los Estados Pontificios caía en manos de los ejércitos de la nueva Italia y se abrían las prisiones, las condiciones de los prisioneros llenaban de estupor y se las consideraba indescriptibles. Los malos hábitos de la Inquisición perecían con dificultad.

La opinión de los historiadores

En general, los historiadores no han sido benévolos con la Inquisición. Lea, cuáquero que invirtió muchos años de su vida estudiando su historia, se refiere a una «infinita serie de atrocidades».

Lord Acton, católico, afirma que poco le faltaba para ser un «asesinato religioso...El fundamento de la Inquisición era asesino». Respecto a los papas, «no sólo fueron homocidas de gran categoría; también hicieron desaparecer una base legal de la Iglesia cristiana y una condición para la salvación».

Incluso después de la segunda guerra mundial, C. G. Coulton pudo decir que la Inquisición era la responsable de «las barbaridades más elaboradas, difundidas y legalizadas que recuerda toda la historia de la civilización». Nada de lo que hicieran los emperadores romanos a los cristianos puede compararse con su sistemática malicia en cuanto a extensión o duración.

El ocultista egipcio Rollo Ahmed, en The Black Art (1971), describe la Inquisición como «la institución más despiadada y feroz que el mundo conoció... Las atrocidades que cometió la Inquisición constituyen la ironía más blasfema de la historia religiosa, profanando a la Iglesia católica con las muertes de víctimas inocentes que fueron quemadas para no quebrantar la máxima: Ecclesia non novit sanguinem (La Iglesia nunca derrama sangre)».

Hace ciento cuarenta años, un devoto católico inglés nos dejó un testimonio más turbador. Robert Richard Madden visitó Avignon con un amigo. Legó sus impresiones en un libro, Galileo and the Inquisition. Quedó atónito al descubrir el enorme espacio del gran palacio de los papas destinado para los tribunales, celdas y mazmorras de la Inquisición.

Vio la cámara de torturas en la que el efecto acústico logrado mediante la irregularidad de los muros absorbía los lamentos de las víctimas. Pasó por la sala de juicios donde los cautivos se colocaban y observó encima de su cabeza «varias aberturas circulares en el techo, de doce o trece centímetros de diámetro, que comunicaban con una habitación superior, donde se decía se situaban los fiscales y aquellos que transcribían las actuaciones y respuestas de los prisioneros, sin que pudieran ser vistos por éstos; sin embargo, iban tomando nota de toda palabra que éstos proferían».

Madden no se sorprendió ante la perversidad que significaba el hecho de que no se permitiese a la persona juzgada a vida o muerte ver ni a su fiscal ni a los testigos de cargo, ni que se le dijera de qué se la acusaba.

¿Podía algún inocente, por muy valiente que fuese en su defensa, soportar con alguna confianza el procedimiento de un tribunal secreto de esta clase, por muy honestamente administrado que fuera?... ¿No sería nuestra obligación cerciorarnos de los escándalos que nuestros propios ministros provocaron en nuestra Iglesia y constatar con más conmiseración que enojo la separación de nuestros hermanos cristianos... cuando trataron de poner fin a los flagrantes abusos en los que la disciplina de la Iglesia había incurrido?

Madden pasó por el lugar más aterrador de Avignon, donde los supuestos herejes eran quemados. A través de un angosto pasillo, penetró en una amplia habitación circular, «igual que un horno de una fábrica de vidrio o de un cañón de chimenea», a modo de embudo. Tenía unos treinta metros de altura con argollas y barras a las que eran encadenados los prisioneros. Tenían que endosarles camisas impregnadas de azufre para que el fuego prendiera mejor. La negrura de los muros era testigo de los muchos hombres y mujeres que sufrieron en aquel horrible lugar.

En lo alto, papas como Juan XXII amasaron fortunas embaucando a los pobres, vendiendo beneficios, indulgencias y dispensas. Otros, como Clemente VI, habían holgado desnudos, en lechos de lino guarnecidos de armiño, con sus muchas amantes. Bajo ellos, innumerables víctimas, también desnudas, gemían en su agonía mientras eran torturadas y quemadas, a veces simplemente por haber comido carne durante la Cuaresma.

Cuando salieron a la luz brillante del sol, el compañero de Madden, David Wire, baptista, preguntó: «Y bien, Madden, ¿qué piensas ahora de tu religión?».

Madden se lo pensó antes de responder: «Estoy convencido, Wire, que debe de ser una religión verdadera, porque si no hubiese en ella una esencia vital y divina, no hubiera podido sobrevivir a los crímenes que cometieron en su nombre».

En cierta ocasión, un católico anónimo dijo: «Sería mejor ser ateo que creer en el Dios de la Inquisición». Otro manifestó que el mismo Jesús hubiese sufrido y muerto en manos de los inquisidores del papa. Habló con herejes como la mujer samaritana; se sentó a la mesa con publícanos y prostitutas; atacó a los ministros de la religión, escribas y fariseos; incluso rompió el descanso sabático, desgranando y comiendo maíz cuando se hallaba hambriento.

Por lo tanto, no es extraño que la casa de la esquina del papa siga en activo. Durante el pontificado de Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger (el actual papa Benedicto XVI, por entonces jefe de la Inquisición) tomaba el teléfono y llamaba a un sacerdote de Los Angeles, diciéndole que o bien cesaba su encuesta acerca de la opinión de los obispos sobre el celibato o hacía las maletas y se marchaba antes de una hora. No sorprende que los teólogos sean depuestos de sus cátedras, que los sacerdotes sean suspendidos de su ministerio por oponerse a la infalibilidad de la doctrina. No sorprende que un obispo sea reconvenido por actuar como lo hizo Jesús, auxiliando a los caídos, rehusando excomulgar al que tenga sinceridad y amor en el corazón. Teniendo en cuenta los seis siglos de Inquisición, aún sorprendería más que ninguna de estas cosas sucediera.

Pero la Iglesia no persiguió únicamente a los herejes. También fue a la caza de otra clase de personas, consideradas igualmente aborrecibles: brujas y judíos.